No había datos sobre los que han perdido la vida en el camino hacia las ayudas que deberían tener garantizadas como dice la ley, pero esta semana, tres años y cuatro meses después de su entrada en vigor, el gobierno ha admitido que 90.000 personas han fallecido en la espera. “Desde la puesta en marcha del sistema informático del Sistema para la Autonomía y Atención para la Dependencia, dice el gobierno, el número total de solicitudes recibidas es de 1.306.239. De éstas, el número de fallecidos a 19 de febrero de 2010, sin tener conocimiento de grado y nivel, es de 37.425, siendo el número de personas sin prestación pero que sí tenían reconocido grado y nivel, de 52.563”. Noventa mil personas a las que, les conceden “tanta importancia”, que les dedican únicamente esas 4 líneas en respuesta a una pregunta parlamentaria. Desgraciadamente esas personas ya no podrán disfrutar de las ayudas que deberían haber recibido en vida, pero lo grave es que, entre la falta de voluntad de agilizar los trámites y la falta de dinero, hay cientos de miles más en terreno de nadie. A 1 de abril, 150.000 personas dependientes ni siquiera habían sido valoradas; 516.000 que sí habían sido valoradas, esperan a que la cosa esa que llaman PIA o sea el Plan Individual de Atención, les asigne la ayuda correspondiente y 367.000 a las que ya les han adjudicado ayudas, esperan que el sistema se las empiece a pagar, de una vez. Porque de poco les sirve que les digan que les van a dar el oro y el moro si a la hora de la verdad ni el moro, ni el oro que sale del toro; y como sigamos así, esto se va a convertir en la pescadilla que se muerde la cola, porque como la dependencia, desgraciadamente, siempre va a más, al tardar tanto en darle aire a la cosa, cuando quieran empezar a pagar, muchos dependientes tendrán que empezar otra vez el calvario de los trámites para pedir otra valoración que les reconozca que les ha aumentado la dependencia. Tanto bombo con la ley dichosa y al final, resulta que era una chapuza.